En una medida que ha generado controversia tanto a nivel local como internacional, el Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a notificar el cierre de aproximadamente treinta asociaciones de clubes de cannabis. Esta acción forma parte de una campaña más amplia que busca erradicar estos espacios en la capital catalana. Los clubes han recibido un aviso formal y algunos tienen un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones antes de que se decida si el cierre será definitivo o temporal, con una duración de entre seis meses y dos años.
Razones detrás de la ofensiva
El teniente de alcaldía y concejal de seguridad, Albert Batlle, había mencionado a finales del 2023 la intención de clausurar más de 200 clubes de cannabis en la ciudad. Según Batlle, el objetivo es cerrar estos recintos con seguridad jurídica y rigor, evitando actuaciones precipitadas. Una campaña de inspecciones y vigilancia se inició para confirmar actividades relacionadas con el consumo y adquisición de cannabis.
En 2021, el Tribunal Supremo ratificó un fallo que invalida la normativa aprobada en 2016 por el Ayuntamiento de Barcelona, dejando a los clubes sin un marco legal que los amparara y limitando sus actividades a proporcionar información e investigaciones sobre el cannabis.
Reacciones del sector y la comunidad
La CATFAC, federación que agrupa a múltiples asociaciones de fumadores de cannabis, y varios académicos y ONG internacionales han mostrado su oposición a esta medida. Argumentan que la judicialización no resolverá el problema subyacente y expresan indignación por la igualdad de trato hacia todos los clubes, independientemente de su historial de colaboración con las autoridades. Incluso clubes que solo poseían cogollos con CBD, una sustancia no fiscalizada y no psicoactiva, han sido notificados con orden de cierre.
Impacto económico y sociocultural
A pesar de la visión restrictiva del Ayuntamiento, la percepción internacional sobre estos clubes es positiva, sirviendo de modelo para países en proceso de regularización como Alemania y Malta. La Generalitat de Catalunya financia programas de reducción de riesgos en estos clubes, lo que subraya las divergencias en las políticas locales y regionales.
Además de los aspectos sociales y legales, los clubes de cannabis representan una fuente económica significativa para Barcelona. Un administrador reportó que el año pasado pagaron 240.000 euros en impuestos y proporcionaron empleo a 20 personas, destacando cómo su cierre podría impulsar los beneficios hacia el mercado ilegal.
El cierre de los clubes de cannabis en Barcelona es una medida controvertida que tiene implicaciones significativas para la economía local, la salud pública, y la percepción internacional de las políticas de drogas.
Para obtener más información sobre esta noticia, puedes visitar el siguiente enlace: Barcelona ordena cerrar decenas de clubes de cannabis y pretende clausurarlos.
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